Sábado, 8 de Agosto de 2020
Resistencia - Chaco - Argentina
DEROGACIÓN DEL DNU 522/2020
Viernes, 31 de julio de 2020
El Gobierno derogó el decreto de la intervención de Vicentin
El presidente Alberto Fernández anunció la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de la empresa cerealera Vicentin S.A.I.C. por 60 días

A través de sus redes sociales, el presidente Alberto Fernández anunció la decisión de derogar el decreto que había ordenado intervenir la empresa Vicentin.

En un hilo de Twitter, el mandatario explicó que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”. “Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”, agregó.

Luego, Fernández resaltó que “el Estado nacional no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.

“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo. Pero también nuestra obligación es que se investiguen las maniobras que provocaron el estado de falencia en el que la empresa ha caído”, indicó el mandatario.

Fernández consideró, a la vez, que “la intervención por 60 días era fundamental antes de declarar a Vicentin S.A.I.C. como un bien de utilidad pública, para conocer su verdadero estado patrimonial”.

“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, indicó el presidente.

Por último, informó que dio instrucciones a todos los organismos públicos involucrados “para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.







 
 
 
 

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