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Eduardo Buttice-Elena Thomas
Sábado, 7 de julio de 2018
Sobre la situación procesal de nuestro hijo Paulo Buttice
A través de este comunicado, deseamos hacer algunas precisiones sobre la situación de nuestro hijo Paulo Andrés, de quien nos sentimos orgullosos por su hombría de bien. Paulo fue Subsecretario de Comunicación y Medios de la Provincia del Chaco entre diciembre 2015 y diciembre de 2017 cumpliendo su función con una ética y moral intachables en el marco de las normas vigentes, sin embargo, hoy se encuentra imputado en las investigaciones judiciales que se llevan adelante en forma simultánea en el ámbito de la justicia Federal y en la condición de detenido en la justicia Provincial.


Estamos forzados, por las resoluciones que se han ido tomando sobre la vida de nuestro hijo en el proceso judicial, a explicar desde nuestra perspectiva los hechos a la sociedad en el marco de la evidente pérdida de moderación y medida en el juego de los distintos actores, que se refleja en lo que se publica en los medios sobre el proceso de investigación preliminar y se verifica en la indignación de las personas, que bien conocen a nuestro hijo Paulo Andrés.

Creemos que la alternativa en este proceso, en tanto juego de múltiples actores, intereses, valores y visiones diferentes, es dejar de lado las falsas acusaciones, las condenas anticipadas, las oposiciones inconducentes, la competencia profesional desleal, la soberbia, las arbitrariedades y las diferencias políticas, para actuar bajo el imperio de la ley y fundamentalmente del respeto a los derechos humanos, porque el desmadre que se ha estado construyendo, no ha aportado enseñanza/aprendizaje alguno para la Sociedad, ni ha contribuido al proceso para entender y avanzar en las investigaciones, y el tiempo transcurrido se ha ido en los dimes y diretes de denunciantes, abogados, políticos, funcionarios, diputados, periodistas y opinantes que no conocen los expedientes, así como también se ha visto en las redes sociales el uso de un lenguaje vulgar, todo lo cual no contribuye a la educación del pueblo sobre sus derechos constitucionales, tales como la presunción de inocencia, o acerca de la importancia de no abusar de las prisiones preventivas, entre otros temas, lo que da cuenta de una falta de claridad preocupante en la dirección del proceso de investigación que se demora en alcanzar la verdad de los hechos o que se resiste a investigarlos en la medida de lo que establece la Ley.

Damos las siguientes explicaciones con el único fin de reivindicar no solo su reputación mancillada con calumnias, sino también nuestro fuerte compromiso con la comunidad donde desarrollamos nuestra vida cotidiana.

En virtud de todas las fantasías que se han publicado sobre la situación de nuestro hijo Paulo Andrés y de las acusaciones que se le hacen, consideramos indispensable salir a la palestra para dar las explicaciones del caso a nuestra comunidad, a fin de resguardar su buen nombre y honor, su profesionalismo como comunicador social, y solicitar su inmediata libertad, conscientes de que siempre ha estado a derecho, y que estando libre no puede entorpecer la investigación en curso, ni darse a la fuga como lo entendió el Equipo Fiscal que resolvió su detención preventiva sin pruebas desde el 27 de marzo del corriente año.

A él, como Subsecretario de Comunicación y Medios le correspondía realizar las tareas propias de su cargo que consistían en centralizar la información de todo el gobierno destinada a ser difundida, tanto en formato periodístico como publicitario. Se centralizaban las noticias y publicidades de las 37 jurisdicciones de gobierno, entre ministerios, secretarías, organismos descentralizados y empresas del Estado. La centralización de la información consistía en el registro, edición y envío de material informativo. Para realizar este trabajo la oficina estaba compuesta por redactores, editores audiovisuales, noteros, camarógrafos, diseñadores, publicistas, locutores, operadores de radio, y administrativos. Por cada evento del gobernador debía asistir un equipo de periodistas para obtener el material informativo, procesarlo y enviarlo.

Con respecto a demás ministerios y otras jurisdicciones se obtenía el material de distintas formas, sea con cobertura directa, audio radial, recepción de información por escrito, etcétera. Se enviaban alrededor de 20 noticias diarias, cada una en formato de nota, audio y video. Además se producían y enviaban 2 a 3 campañas publicitarias por semana, las cuales demandaban procesos más extensos de producción.

Al concentrar el manejo de la información de toda la provincia, la carga de tareas era interminable, de lunes a lunes sin parar los fines de semana o feriados y sin que existan tampoco límites de horarios, con su flujo constante desde las 7 de la mañana a las 11 de la noche, con urgencias permanentes ya que especialmente la comunicación de gobierno debe posicionarse rápidamente en los medios para que la ciudadanía tenga acceso a la información oficial antes que circulen las versiones alternativas sobre los hechos que llevan a un estado de confusión y desinformación, y comprometan la gestión de gobierno, y porque además se trata de comunicar políticas públicas que corren el riesgo de perder su efecto en caso de que no exista una información correcta.

A la par con su equipo de trabajo colaboraba con el Fideicomiso de Administración de Pautas Publicitarias Oficiales (FAPPO) de la Fiduciaria del Norte S.A., haciendo la revisión de la calidad y adecuación del producto del servicio contratado por dicha entidad y prestando su conformidad.

Por esta tarea de carácter casi marginal al circuito administrativo conformado por la Secretaria General de Gobierno, y la Fiduciaria del Norte S.A., el Equipo Fiscal le ha reprochado que él, “se habría apartado de la normativa legal al no controlar, ni verificar la existencia y cumplimiento de los requisitos legales de los proveedores de pautas”.

Esto nos llamó la atención porque a él no le correspondía hacer esta tarea, era una tarea propia del personal del FAPPO que se realizaba mediante orden de la Autoridad de Aplicación, la Secretaría General de Gobierno y de las autoridades de Fiduciaria del Norte S.A.

Presumen los investigadores que insertó “datos falsos en la Aprobación y Certificación de prestación de servicios que emitía por escrito y suscribía”; sin embargo él no podía ingresar datos ni falsos, ni verdaderos porque no era de su competencia: la confección y emisión de los certificados de los servicios cumplidos estaba cargo del personal del FAPPO. En su área, el personal solo podía imprimir el certificado con los datos completos, listo para su firma, es decir que los certificados ya venían formalizados desde un circuito previo, que se presupone de absoluta buena fé.

Dijeron que él suscribía el certificado “solicitando a FAPPO el pago de servicios”. La instrucción o solicitud de pago a proveedores que se realizaba a Fiduciaria/FAPPO era una función propia y exclusiva de la Autoridad de Aplicación, o sea de la Secretaría General de Gobierno. La finalidad de la revisión de la adecuación y calidad del producto del servicio, en los hechos tiene más que ver con la necesidad de su área para producir ajustes en los mensajes de la publicidad oficial, que dar lugar a habilitar alguna acción.

Dijeron también que los servicios acreditados por Paulo no habían sido prestados y ¿cómo lo pueden afirmar? ¿en base a qué lo dicen?. Si hasta ahora solo le han mostrado más de 200 certificados, supuestamente firmados por él como “pruebas” para acusarlo, sin decirle qué pruebas concretas tienen que los servicios que acreditó no se realizaron.

Dicen que: facilitaba con esta “maniobra” algo en beneficio de terceros: “como miembro de una Asociación Ilícita”, sin embargo no lograron demostrar ni explicar cómo Paulo habría actuado en conniviencia con el resto de los co-imputados para beneficiarse todos como una banda o que haya obtenido algún beneficio por ello.

Por lo tanto creemos con todo respeto, que el dictado de la prisión preventiva, cuando aún no se le han presentado las pruebas de las acciones disvaliosas que le endilgan, cuando las supuestas pruebas o certificados están a resguardo en la Fiscalía, sin posibilidad de profugarse y no tiene ninguna posibilidad de poner en peligro el proceso, no corresponde. No está fundado el peligro de fuga, que debe ser demostrado en el caso concreto de Paulo, que no tiene los medios económicos para hacerlo, es una persona de bien, de una familia conocida de Resistencia, ha estado siempre a derecho, y no explicaron cómo puede obstruir la investigación. Lo único que dice el Equipo Fiscal es que habría firmado unos certificados que tienen ellos y que su firma está siendo peritada. Los argumentos que utilizan para darle prisión preventiva caen por su propio peso.



Eduardo A. Buttice dni: 7.925.422
Elena A. Gonzalez Thomas dni: 11.147.202


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