Martes, 16 de Octubre de 2018
Resistencia - Chaco - Argentina
INFORME PROYECTO BOHEMIA
Lunes, 14 de mayo de 2018
Femicidios en Chaco: suena la alarma de las cifras
En sólo cuatro meses que van de 2018, ya hubo más femicidios en nuestra provincia que en todo el 2017. Las organizaciones feministas y de lucha contra la violencia machista advirtieron sobre el aumento de muertes de mujeres en manos de hombres en nuestra provincia.


El colectivo Ni una Menos y Mumala Chaco registraron cinco femicidios en toda la provincia, aunque las estadísticas del Observatorio de Género “Luisa Bautista”, de la Comisión Multisectorial de la Mujer, ya hablan de ocho casos, “todos ellos cometidos por hombres del círculo íntimo”. Sumados al caso del dudoso incendio del que fueron víctimas una madre y sus dos hijas, la cifra ascendería a once casos.

La falta de políticas públicas de protección integral para las mujeres, junto a la ausencia de una partida presupuestaria destinada específicamente a la materia para el año 2018 sigue siendo el permanente reclamo.
Los cinco casos declarados por Mumala son: Roxana Caballero, Dominga Arias, Magdalí Romero, Fátima Florencio y Patricia Ressler. El Observatorio, que depende de la Comisión Provincial de la Multisectorial de la Mujer expuso además los asesinatos de Anastacia, Dalinda y Jéssica.

Caso por caso

Las organizaciones entregaron un petitorio en el mes de abril al Superior Tribunal de Justicia y en Casa de Gobierno provincial en donde detallaron los casos de la siguiente manera:

“En los primeros cuatro meses del 2018, cinco mujeres nos han sido arrebatadas, asesinadas por la violencia machista que no se detiene, y persiste la duda en cuatro muertes más.

Roxana Caballero fue asesinada el 28 de enero en la vía pública de Pampa del Infierno de seis puñaladas, mientras sostenía en brazos a su beba de nueve meses. El femicida fue Ramón Céspedes, su novio.

Dominga Arias de El Sauzalito fue secuestrada en enero, apuñalada y arrojada al río Teuco, en Formosa. Hay seis policías involucrados.

Magdalí Romero y Fátima Florencio fueron degolladas y arrojadas en un descampado, cerca de Quitilipi. Ambas habían desaparecido en abril de Machagai. Sobre ellas el Procurador General de la provincia, Jorge Canteros, dijo que “serían dos chicas que ejercían la prostitución, y estaban acostumbradas a irse por dos o tres días con camioneros”, estigmatizando a las jóvenes y depositando la responsabilidad sobre las víctimas, una costumbre muy arraigada en la justicia chaqueña.

Patricia Ressler fue asesinada de un disparo en la cabeza delante de su hija de siete años por su concubino, César Heim,, en la localidad de Castelli.

Anastacia Marcelo fue encontrada ahorcada en su vivienda de Castelli. Aunque la autopsia determinó que se había quitado la vida, la familia denuncia que venía sufriendo violencia por parte de su pareja, quien fue detenido y luego liberado.

Mariza Caballero y sus dos niñas murieron en el incendio de su casa en Resistencia. El CAVV, equipo interdisciplinario que acompaña a las sobrevivientes, pide que se investiguen las causas del incendio y dan cuenta de los graves indicadores de la violencia que Mariza y sus hijas sufrían a manos de Hugo Gabriel Torres, padre de las niñas, y contra quien obraban cinco denuncias.

El documento continuó expresando que “mientras las identidades femeninas seguimos cayendo a manos de los femicidas, la justicia arrastra sus tiempos para dejarnos desprotegidas”. Y que “a la dificultad de realizar las denuncias, se suma una lentitud exasperante para resguardar nuestra integridad y un disciplinamiento por parte de los actores del poder judicial contra las compañeras que se atreven a volver a denunciar. Algo llamado ´desgaste judicial´ que básicamente sostiene que ´si viniste a denunciar y después no volviste a ratificar, jodete porque nos hacés perder tiempo´, sin tener en cuenta el hecho de que, dado el carácter dilatorio de los procesos judiciales, la mujer que denuncia tiene que volver a convivir con su agresor o abandonar el hogar, hasta tanto se libre la orden de exclusión, que suele tardar entre siete y quince días, tiempo más que suficiente para que el agresor vuelva a violentarla”.

Especialmente al Poder Judicial exigieron que se deje de revictimizar y disciplinar a las sobrevivientes a través de dichos y hechos prejuiciosos en contra de las damnificadas y que actúen de forma rápida y eficiente en el otorgamiento de medidas de protección a la sobreviviente y sus hijes, evitando dejarlas a merced de los agresores u obligándolas a abandonar el hogar para salvar la vida.

En el mismo documento, las organizaciones se hicieron eco de la causa contra Daniel Pacce y Noemí Alvarado, acusados de abuso infantil hacia Belén Duet y Rosalía Alvarado: “Que ninguna causa por abuso sexual en la infancia sea archivada y se respete la reforma de la Ley 27206, conocida como de “Respeto a los Tiempos de las Víctimas””, expresaron en el documento.

Asimismo, exigieron que se investiguen exhaustivamente, y con perspectiva de género, las muertes de Anastasia Marcelo, Mariza Caballero y sus dos niñas, quienes sufrían de violencia de género.

El pedido llegó también al Ejecutivo, a quien se le atribuyó “la falta de interés manifiesto en generar políticas de género que cumplan con garantizar la aplicación de la Ley 26485 de prevención, sanción y erradicación de las violencias contra las mujeres”.

Elba Rojas, desde la Multisectorial Feminista detalló que “son ocho casos en lo que va de este año y están en suspenso Mariza Caballero y sus hijas, que están siendo investigados por pedido de todas las organizaciones y que llevaría el registro a 11”.
Desde este organismo explicaron que existen muchos casos que se sabe que son femicidios pero la Justicia todavía no los tipifica como tales. Incluso en todos los casos relevados, los culpables son hombres del círculo íntimo y hay antecedentes de violencia de género.

En coincidencia, Natalia Romero del colectivo Mumala en Chaco expresó que “las terribles cifras de femicidios, que no disminuyen, dan cuenta de la falta de prioridad en política asignada por el gobierno de Mauricio Macri a terminar con la violencia hacia las mujeres en nuestro país y del gobierno provincial, hecho que se evidencia una vez más con la ausencia de partida presupuestaria destinada específicamente a la materia para el año 2018″.

En ese sentido, el presupuesto asignado al Instituto Nacional de las Mujeres (INAM) para este año representa tan solo el 0.007 % del presupuesto total, lo que equivale a $5 por mujer. Una cifra ínfima que no alcanza para siquiera empezar a erradicar la violencia machista que se cobra la vida de una mujer cada 29 horas en Argentina.


FUENTES:

OBSERVATORIO DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES “NI UNA MENOS” PERTENECIENTE AL MOVIMIENTO MUMALA
OBSERVATORIO DE VIOLENCIA DE GÉNERO Y FEMICIDIOS “LUISA BAUTISTA”, COMISIÓN PROVINCIAL MULTISECTORIAL DE LA MUJER DEPENDIENTE DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS DEL CHACO
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