Boleto: Advierte sobre puntos oscuros en el cálculo
El estudio de costos presentado por la Subsecretaria de Transporte de la Provincia, mantiene varios interrogantes y la inconsistencia metodológica que ya fue cuestionada en la Audiencia Pública del año 2013, sobre las variables que se utilizan para calcular el precio del boleto, reveló el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido.
Las principales dudas las genera la falta de documentación sobre los precios que se utilizan para la sistematización y cifras inadecuadas que alteran el cálculo porque no responden a un promedio entre los números que manejan las distintas empresas, como sugiere la legislación vigente.
“En este estudio de costo otra vez hay una clara insuficiencia metodológica en comparación con la normativa nacional aplicada a idéntico servicio y ante esa situación, el subsecretario de Transporte, Marcelo López, nuevamente no presentó cuál es la justificación de sus adaptaciones”, resaltó Corregido al explicar que la forma de cálculo oficial no respeta el método establecido por el Ministerio de Transporte de la Nación en su Resolución N º 037/13 y anexo. “Es una falta de compromiso del funcionario con el usuario cuando sale a dar declaraciones conociendo de antemano que todo lo que está haciendo está mal porque fue advertido en la Audiencia Pública de las anomalías y se le planteó la inconstitucionalidad de los actos administrativos, necesarios para realizar el aumento de la tarifa”, sentenció.
Al aclarar que no se trata de una postura caprichosa ante los aumentos anuales sino de la necesidad de brindar transparencia, el ombudsman apuntó a que el funcionario responsable “debería respetar a rajatabla la normativa del llamado a Audiencia Pública y velar por que se cumpla con todas las condiciones legales pero no lo hace. Lo grave es que una vez más se avanzó en el aumento con el conocimiento previo de que se está incurriendo en un error. Esa es responsabilidad exclusiva de López, que perjudica con estas acciones al sistema, a empresarios, al usuario y al propio gobierno”, remarcó.
Entre los datos a los que se refiere, Corregido reclama al igual que en el año 2013, que se determine los parámetros de la "Empresa tipo" que toma como referencia la Subsecretaria de Transporte y destacó la falta de documentación respaldatoria, que no fue presentada a la Defensoría del Pueblo y que resulta esencial para el control ciudadano. "Hay números cuyo origen es un enigma, porque no existen datos de los comercios que indiquen que los valores consignados por el organismo son ciertos y como consecuencia de esto, las cifras en los rubros combustibles, lubricantes y neumáticos son arbitrarias”, indicó.
El defensor se apoyó en el análisis del ingeniero Daniel Retamozo, que colaboró con el Instituto y detalló que entre las variables que se utilizan en el informe entregado por López, hay coeficientes inexistentes que arrojan cifras superiores a las que corresponden y brindó como ejemplo el error en la cantidad de coches que prácticamente duplica el valor real promedio, lo que modifica valores de cálculo utilizados por la Subsecretaría de Transporte en cuanto a los parámetros de kilometraje anual recorrido y vida útil de la unidad. "Se utiliza para el cálculo 22 unidades por empresa cuando en realidad debería utilizarse como referencia 12 coches, un promedio del sistema de transporte de pasajeros. Ese número inexacto tiene como consecuencia un aumento en otros rubros como costos de personal y seguros, porque se consideran 55 conductores cuando deberían ser 28 más el personal administrativo, lo que eleva las cifras", evaluó.
Dos precios ante iguales condiciones
Entre otros de los puntos donde falta claridad, están los errores que revelan las declaraciones juradas de las empresas de colectivo: según los kilómetros de recorrido que declaran, no cumplen con el contrato que tienen para la concesión. A esto se suma que en promedio recorren 31 kilómetros, la misma cantidad que las líneas que funcionan en Sáenz Peña, donde el informe que presentó la Oficina de Estudio del Costo de la Tarifa de Transporte Urbano de esa ciudad indica que el boleto único debe costar 4,25 pesos, un 13,3 por ciento menos que el precio que arrojó el mismo cálculo bajo similares condiciones en el Gran Resistencia. “Deberían tener el mismo precio pero en el área metropolitana no hay especificaciones sobre las interpretaciones que dan para algunos parámetros. Sáenz Peña cumple en detallar cada una de las fórmulas que utiliza y primordialmente facilita en orden la documentación respaldatoria, por lo cual ese informe cuenta con el aval del Instituto”, contó.
Detalles ocultos
Existen más fórmulas necesarias para el control que no figuran en el método empleado por la Subsecretaría de Transporte de la Provincia, como las ecuaciones básicas de equilibrio del sistema de transporte, que no se desarrollan y que son primordiales porque sirven para que el sistema preste un servicio regular sin trabajar a pérdida. “Es un método que comprueba que el sistema con una determinada tarifa pueda funcionar y está ausente en el informe, cuando puede delatar las fallas en las operaciones”, recordó.
En este caso también destacó que nuevamente "no se proveen los valores y cálculos para la Retribución de Gestión Empresaria, que indica el valor de la ganancia que tiene el empresario, hecho que fue cuestionado en la Audiencia Pública del 2013 y que se diferencia casi en un 68 por ciento con el valor calculado por el municipio de Sáenz Peña".
En otro ítem cuestionado, Corregido resaltó que "se aumentó un 50 por ciento los gastos no cubiertos por franquicias de seguro automotor". "Falta el presupuesto de pólizas de seguro automotor y también datos para determinar el costo de Patentes y Tasas, como así también la cotización de vehículos para determinar el capital invertido", especificó.
También insistió en el presupuesto de la Máquina Expendedora de Pasajes, que no figura en el informe para poder verificar los valores y recordó que entre las fórmulas utilizadas para el cálculo del sueldo medio de los choferes se incluye un adicional por atención boletera, una función con la que ahora no cumplen los conductores a raíz de la implementación de la Tarjebus. “Esto deja claro que se está trasladando al usuario un costo por un servicio que no se brinda y por lo tanto lo perjudica”, concluyó.