Terminaron los reclamos policiales, saqueos y actos vandálicos?
A propósito de los reclamos policiales, de las muertes, de los saqueos y de los actos vandálicos que asolaron gran parte del Chaco, el pasado lunes 9 se firmó un tardío acuerdo en el despacho del jefe de policía. Participaron el Ministro de Gobierno Marcos Verbeek y miembros de su gabinete, integrado por los Subsecretarios Juan Manuel Chapo y Aldo Luis Asano y el Secretario de Seguridad Marcelo Churin, más el Ministro de Desarrollo Social Roberto Lugo, todos en representación del gobierno chaqueño.
Por la institución policial estuvieron el jefe Gustavo Peña y el sub-jefe Ariel Acuña. Por el personal se presentaron 13 policías en actividad y retirados, 2 abogados y 2 civiles familiares de policías. También participaron negociadores del gobierno, que fueron el ex Ministro de Gobierno Juan Manuel Pedrini, actual diputado nacional, y el contador Diego Arévalo, ex Subsecretario de Hacienda y actual presidente del Banco del Chaco. No obstante los funcionarios que realmente participaron del dialogo, ningún miembro del gabinete de gobierno firmó el acuerdo. El diálogo fue bastante civilizado. Nadie corrió riesgos reales, mientras el personal policial en actividad y retirados, y familiares de policías continuaban manifestándose frente a la jefatura de policía.
A través del acuerdo se estableció el pago de 8.000 pesos -a partir del 1º de diciembre 2013- de un sueldo inicial de bolsillo para el agente de policía, de carácter remunerativo y bonificable. Esto, literalmente y a través de una honesta interpretación, significa que la liquidación y pago de los sueldos convenidos comprenden conceptos con aportes y contribuciones previsionales, o sea que deben ser salarios abonados “en blanco”.
Sin embargo, a pesar de la claridad del acuerdo alcanzado, el Ministro de Gobierno unilateralmente intenta modificar el convenio, con consecuencias imprevisibles. Al día siguiente de la firma, en un acto absolutamente irregular desde el punto de vista del derecho administrativo, el Ministro escribió, en un papel sin membrete institucional y por fuera del convenio, que el poder ejecutivo abonará un adicional que garantice 8.000 pesos de bolsillo para la totalidad de los funcionarios de seguridad. O sea que intenta que el Estado pague irregularmente, abonando un suplemente “en negro” para alcanzar el monto convenido.
Para ahondar la anomalía cometida, Verbeek agregó que el monto se incorporará -en partes iguales y gradualmente- como concepto remunerativo recién durante los meses de febrero, abril, junio y agosto de 2014. Este instrumento, que repetimos es absolutamente irregular y por fuera del acuerdo, fue comunicado por el jefe de policía a través de una circular interna al personal policial en actividad, con lo cual -por ahora- cierra el círculo interno político/institucional que han diseñado para desbaratar el recto cumplimiento de lo acordado. Esta es la clave de las futuras consecuencias que puedan producirse a partir de ahora, escenario en que no podemos descartar desentendimientos.
El gobierno chaqueño no solo que atenta contra lo convenido, sino que no realiza lo que está obligado a hacer. Si la voluntad política es la de cerrar un acuerdo, inmediatamente después de la firma del acta, el gobernador en ejercicio debió dictar un decreto para legalizar el convenio y elevarlo a la Cámara de Diputados antes de que dicho cuerpo ingrese a receso legislativo. De esa manera habría culminado exitosamente el trámite institucional para brindar solución definitiva a los graves hechos ocurridos.
Breve historia del reclamo de los trabajadores policiales
Hace siete años, aunque algunos sectores se plegaron al reclamo salarial hace aproximadamente cinco años, se iniciaron los reclamos por recomposición salarial del trabajador policial y por condiciones dignas de trabajo. Tales demandas fueron aisladas, pero luego logró cierta continuidad aunque tuvo varias interrupciones. En muchos tramos, el personal se desalentó y en otros tomaron cierta dinámica. En estas últimas ocasiones se tensaron los ánimos de algunos grupos, sobre todo los que lograron mayor identificación en el proceso de defender sus derechos ante los sucesivos jefes de policías, quiénes -a su vez- no encontraban respuestas o ecos favorables a los planteos frente a los gobiernos de turno.
Las negociaciones informales se encontraron con serios obstáculos por la naturaleza del trabajo policial, las características de la Institución y, sobre todo, por la visión política de los gobernantes que invariablemente desconocieron el derecho de los policías a reclamar, argumentándose -en cada oportunidad- que no tienen derecho a manifestar sus reclamos y a realizar medida de fuerza porque son un organismo vertical y con personal armado. Mientras los gobiernos planteaban esta justificación, no se solucionaban los conflictos; al mismo tiempo, se multiplicaban los actos de corrupción y de violencia en casi todos los niveles jerárquicos policiales.
En el camino de los reclamos quedaron varios policías que ocasionalmente representaron -de hecho- a algunos sectores de las fuerzas de seguridad, pero en ningún caso a todo el personal. Sin embargo, se lograron algunos avances, pero los saldos finales no fueron alentadores porque los procesos de reclamos se gestaban al calor de conflictos internos y externos, quizás no tan visibles para la opinión pública, como también aprietes y manipulaciones, a tal punto que algunos de los improvisados representantes se alejaron, presionados o no, de los objetivos concretos de las demandas, de las quejas, de las reivindicaciones y, por supuesto, de los reclamos por salarios dignos, mejores condiciones de trabajo y eliminación del maltrato laboral y de los abusos, a veces extremos, al que habitualmente recurren los oficiales superiores frente a sus subordinados, quiénes muchas veces descargan en la comunidad las secuelas a través del uso excesivo y desproporcionado de la violencia en los lugares de detención y en los procedimientos, produciéndose -de ese modo- enormes daños humanos y sociales porque actúan totalmente alienados.
Sindicalización policial
Casi todos los sectores condenaron o repudiaron la metodología de la última protesta policial, y lo hicieron con toda razón. Si alguna duda tuvieron otros grupos de opinión, los saqueos y actos vandálicos que se produjeron en el curso de la semana que siguió a la medida de protesta policial iniciada el pasado domingo 8, probaron que los reclamos policiales deben ser organizados para solicitar, reivindicar o quejarse, pero fundamentalmente para evitar que lleguen a la medida directa de auto-acuartelamiento dado que inevitablemente, por ahora, le sigue la explosión social bajo la forma de saqueos, vandalismo y armarse en defensa propia, generándose un escenario de absoluta inseguridad pública. En esa tarea, pendiente, falta que los trabajadores policiales en actividad elijan sus representantes para que encarnen la defensa de sus derechos y se transformen en interlocutores válidos frente a la conducción de la Institución, de los poderes del Estado y de la opinión pública. Este sería uno de los modos o mecanismo para iniciar el proceso de integración e inclusión social de los trabajadores policiales a la comunidad, de la que están manifiestamente excluidos o auto-excluidos y, en varias etapas, abiertamente enfrentados. Sobran los ejemplos dolorosos sobre este tema. Por lo tanto, se deben superar los prejuicios que impiden la sindicalización de los policías dado que puede formar parte de la solución de los problemas y del funcionamiento diario de la policía, aunque conviene reconocer que se podrían producir algunas consecuencias negativas en el proceso de fundación del sindicato, como también cuando comience a dar sus primeros pasos, fenómeno que serán superables. De cualquier manera, la actividad sindical permitirá -en muchos casos- descomprimir las tensiones internas y externas, actuando como válvula de escape para liberar tensiones y gobernar las crisis mientras se negocian las opciones.
Repetimos que es necesario que se supere los prejuicios y avanzar en el camino de la organización gremial para -de ese modo- cumplir con las pautas convencionales vigentes en la República Argentina desde la incorporación de los Tratados Internaciones a partir de 1994. La sindicalización policial está contemplada en el Convenio sobre libertad sindical 187/48 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). También este derecho está protegido el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y por el Pacto de San José de Costa Rica. Cuando Argentina ratificó tales Tratados Internacionales se obligó a adecuar su sistema legal interno a las pautas jurídicas contempladas en los instrumentos internacionales señalados anteriormente, y en los restantes que están mencionados en el inc. 22º del art. 75. Y no lo está haciendo, por lo que las autoridades nacionales y provinciales son los responsables de esta grave situación que coloca a nuestro país en el lote de la naciones que adhieren a los Tratados y no cumplen con tales normas, por lo que no debemos separar esta situación de las crisis policiales, algunas de las cuales son seguidas de saqueos y actos vandálicos.
En definitiva, además de los beneficios que el sindicato policial puede brindar a sus asociados, lo cierto y concreto es que podrían funcionar como barrera civilizada para evitar los desbordes internos y lo abusos que los poderes políticos hacen de la institución policial, en algunos casos hasta transformarlos en policías de los gobiernos y no del Estado, que luego se descarga con secuelas muy graves contra la comunidad. El gobernador en ejercicio está embargado de muchas dudas, entre ellas que no ha terminado el conflicto político, institucional y social, lo que no es poco en las situaciones extraordinarias que atraviesa el Chaco.