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Por Catriel López Acosta
Lunes, 9 de septiembre de 2013
El negocio del transporte público: el fallo que destapó la olla
La reciente decisión del juez en lo civil Julián Flores de retrotraer el aumento del boleto plano en el transporte público de pasajero del Chaco puso nerviosos a todos. Empresarios, choferes, y los gobiernos del municipio de Resistencia y de la provincia patalearon porque el fallo exige que la tarifa vuelva a ser $ 2.50.
¿Pero cómo justificaron Aída Ayala, el subsecretario de Transporte o los propios empresarios ese lloriqueo? Con discursos inconsistentes, sin cifras claras y con amenazas solapadas. Sin razones contundentes, pero dispuestos a todos para que la Justicia no se meta con lo que en el fallo de Flores se ve claramente, es un gran negocio.

Algunos números, pero suficientes

Flores expresó en su fallo que las empresas de colectivos podrían pagar entre el 90%y más del 100% de los salarios de sus empleados con los subsidios nacionales. O, dicho de otra forma, que las empresas de transporte tiene cientos de empleados gratis. En el caso de Ersa Chaco, según sostiene el juez Flores, con lo que cobra de subsidio puede pagarles a todos sus empleados y le sobran $ 400.000.

Y también expresó en detalle que en un mes (septiembre de 2012) esa misma empresa, Ersa Chaco, concesionaria de varias líneas de colectivos en el Gran Resistencia, transportó a 664.226 personas y recaudó más de $ 1.600.000. Sumados a los $ 400.000 que le sobran de los subsidios, según el juez, le dan una ganancia superior a los $ 2.000.000 mensuales.

¿Qué otros gastos además de los salarios tienen las empresas de colectivos para semejante berrinche a la posibilidad de perder esta rentabilidad? Según Marcelo López, subsecretario de transporte de la provincia, funcionario responsable de velar por los derechos de los ciudadanos que utilizan el servicio público de pasajeros, el recambio de neumáticos.

“Con los subsidios se pagan costos de neumáticos, es la compensación a los valores reales que se cobran, por lo tanto es falsa la información de que con los subsidios se paga únicamente salarios. Los subsidios tienen valores históricos y no han aumentado pese a haber aumentado los salarios”, expresó a la prensa el funcionario, saliendo a presionar públicamente contra el fallo de Flores, como si fuera parte afectada por la decisión judicial. Así, sin ninguna precisión, y con dichos claramente falaces.

Porque Flores nunca expresa en su fallo que con los subsidios nacionales se abonen salarios exclusivamente. El juez sostiene que la ayuda el Gobierno nacional es suficiente como para hacerlo. Y que en ese caso hipotético, utilizado seguramente para graficar con mayor claridad las cifras, toda la recaudación, más de $ 1.600.000 por mes en el caso de Ersa Chaco, se podría utilizar para afrontar otros gastos y la ganancia seguramente nada despreciable de los empresarios.

Pero además es mentira que los subsidios a las empresas de transporte de Chaco no hayan aumentado. Según datos oficiales del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, recibieron en total $ 60.068.288,90 de enero a mayo de este año. Número que si se lo compara con 2012, es un incremento claro, ya que las firmas recibieron al mes de junio del año pasado menos de $ 60 millones.

Por otra parte, también se pretendió atacar el fallo de Flores diciendo que las tarifas de colectivos en el resto del país rondan los $ 4. Pero nada se dice que si se compara los subsidios nacionales entre las provincias del nordeste, el Chaco es la segunda más beneficiada en los primeros cuatro meses del año, con más de $ 60.000.000, detrás de Misiones, que recibió $ 104.197.056,28. Corrientes obtuvo $ 59.617.390,04 y Formosa, $ 21.541.921,63.

Aída y un discurso inconsistente

La intendenta de Resistencia, que en otros casos como la avenida Urquiza o el Shopping Mallcoqueteó con la Justicia en general y en particular con Flores, consideró al fallo como un “avasallamiento” de la “soberanía” del Concejo Municipal y los ediles que lo conforman. Nada dijo la jefa de la administración municipal sobre el jugoso negocio que denuncia el magistrado y que ocurre sobre sus narices y con el aval de sus concejales.

Ayala se limitó a calificar a el fallo judicial como un “ataque”a la “decisión soberana” de los concejales resistencianos, en un discurso contra la Justicia casi calcado a de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner contra las medidas cautelares, que ella tanto criticó.Pero peor aún, pretendiendo además que esa postura de los ediles “representa” al pueblo.

La intendenta dijo también que el aumento del boleto plano se dio “siguiendo todos los pasos” que se deben dar, pero hizo la vista gorda sobre una clara denuncia que realiza el juez en su fallo: que Omar Machado, el supuesto representante de los usuarios en la Comisión Mixta de Transporte, quién define si se debe o no aplicar una suba, responde a intereses empresarios y no de los pasajeros. Una omisión demasiado importante.

López, ¿funcionario o empresario?

“Sería prácticamente imposible mantener el servicio, nos quedaríamos sin colectivos”, auguró catastrófico Marcelo López, subsecretario de Transporte de la provincia. El funcionario salió a los medios con un discurso idéntico al de los empresarios que lucran con los colectivos. Ya que también dijo que el fallo no fue notificado y que la tarifa a la que se retrotrae el servicio, de 2.50 pesos, corresponde al año 2011.

“Es imposible poner una unidad en la calle con una tarifa a 2.50”, declaró a la prensa Daniel Riquelme, titular de la Cámara de Empresarios de Transporte del Chaco (Cetach). El empresario, en sintonía con López, anticipó “un caos en el transporte”. También se escudó en la no notificación del fallo y deslizó una amenaza anticipando que con esa tarifa “se afectará el servicio y los compromisos contraídos en cuenta a renovación de unidades”.

Pero como si esto fuera poco, apareció la Unión Tranviaria del Automotor (UTA). Raúl Abraham, titular en Chaco de este gremio, salió a hacer declaraciones casi calcadas a las de López y los referentes de la Cetach. Advirtió sobre un futuro “caos” en la ciudad si se retrotrae el aumento.

Sin mucho disimulo amenazó que él y los choferes están dispuestos a “bloquear la ciudad si les bajan el sueldo”, dando a entender que la aplicación del fallo de Flores devendría en un perjuicio para los trabajadores, descartando siquiera la posibilidad que sean los empresarios quienes afronten las “pérdidas” por la decisión judicial. Un encolumnamiento mal disimulado detrás de la patronal que ya no es novedad.

Así las cosas, con los empresarios, el Estado y hasta los gremios a favor del aumento, quedará confiar en la Justicia y en el Defensor del Pueblo, Gustavo Corregido, quien intercedió por los usuarios, el único, y presentó una cautelar para retrotraer el incremento en el boleto que derivó en la decisión del juez Flores.

Quedará confiar en que la olla que con este fallo se destapó, que tantos y tan descaradamente salieron a intentar atajar, derrame el caldo turbio que cocina todos los días y en cada esquina, fuera de los bolsillos de los usuarios.



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