Viernes, 15 de Febrero de 2019
Resistencia - Chaco - Argentina
JUEZ BONADIO INVESTIGAN EL DESTINO DE MAS DE $600 MILLONES
Viernes, 08 de febrero de 2019
Procesaron a 92 intendentes por dinero para residuos
Se trata de un caso por el que estaban procesados tres ex jefes de Gabinete y secretarios de Ambiente de la Nación. El juez federal Claudio Bonadio procesó a 92 intendentes y ex intendentes como partícipes necesarios de un supuesto fraude en contra de la administración pública a través de un programa de gestión de residuos urbanos

Se trata de una causa por la que ya estaban procesados los ex jefes del Gabinete kirchneristas Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina, dado que eran los responsables políticos del manejo del programa.

Los procesamientos recaen en intendentes y ex intendentes de ciudades ubicadas en las provincias de Chaco, Santa Cruz, Chubut, Santa Fe, Tucumán, Río Negro, Santiago del Estero, Entre Ríos, Córdoba, Corrientes, Misiones, La Pampa y Buenos Aires.

Según Bonadio, entre todos los acusados cometieron un fraude contra la administración pública entre los años 2013 y 2015 que habría superado los 600 millones de pesos.
“Requirieron sumas de dinero para llevar a cabo distintos proyectos, sin que, a la postre, haya sido cumplimentado”, sostuvo Bonadio en el fallo de 347 páginas.

Entre los 92 procesados se encuentra el intendente de San Antonio de Areco, Francisco “Paco” Durañona, así como el chaqueño de Cambiemos Gerardo Cipolini de Saenz Peña.
“Cada intendente con su accionar contribuyó activamente en la concreción de un perjuicio a las arcas del Estado, de una suma aproximada de $604.529.670”, sostuvo el juez.

“Cada uno de los intendentes involucrados, al momento de ejercer su descargo, no pudieron justificar ni mínimamente el incumplimiento de los pasos del Pgirsu al que se habían obligado”, remarcó.

Agregó que tampoco pudieron “explicar por qué en vez de cumplir las tareas por las que solicitaron el acogimiento al programa, las mismas derivaron en otras labores o cuestiones”.
Se trata de un expediente iniciado en 2016 a partir de una serie de irregularidades observadas por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable en los programas para el tratamiento de residuos -entre 2013 y 2015- de la ex Secretaría de Ambiente.



 
 
 
 

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