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CONGRESO DE LA NACION. SESIONES EXTRAORDINARIAS

Viernes, 7 de diciembre de 2018

El endurecimiento de penas a barras deberá esperar

La Cámara baja postergó el debate por la reforma de la ley penal que hará más severos los castigos a los hinchas violentos. También sancionará a trapitos y dirigentes que den entradas gratis

La Cámara de Diputados postergó hasta el martes 18 el debate del proyecto para agravar las penas a los barrabravas que cometan actos de violencia en los estadios de fútbol.
El proyecto también sanciona a los dirigentes que den entradas en forma gratuita, y establece que el derecho de admisión a los estadios lo realizará el Ministerio de Seguridad en lugar de los clubes, como sucedía hasta ahora.

El presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, anunció que los bloques políticos acordaron postergar el tratamiento de esta iniciativa impulsada por el Gobierno nacional, que hoy tuvo dictamen de la comisión de Legislación Penal y de Deportes.
Si bien ayer los diputados del oficialismo y la oposición habían avanzado en un acuerdo, aún quedaban puntos para acordar entre los bloques políticos y además querían mejorar la redacción de las escalas penales, indicaron fuentes parlamentarias.

La presidenta de la comisión de Legislación Penal, la radical Gabriela Burgos, junto al vicepresidente del cuerpo Luis Petri (UCR), mantuvo negociaciones a lo largo de toda la jornada con su par de Deportes, Daniel Scioli, la massista Carla Pitiot, el cordobés Juan Brugge y la peronista Carolina Moises, y todos coincidieron en tomarse unos días para revisar el texto que se discutirá en el recinto de sesiones.
Incluso cuando Monzó anunció el consenso político de postergar el debate, la legisladora del Frente Renovador, Pitiot, dijo “felicito el trabajo realizado por Burgos” y agregó: “El 18 vamos a estar todos presentes porque queremos que la Argentina tenga una ley que sancione estos delitos” que suceden en las canchas de fútbol.

El dictamen de mayoría consensuado entre Cambiemos y la oposición disminuye las penas previstas en el proyecto enviado por el Gobierno para adaptarlo al anteproyecto de Código Penal que diseñó una comisión de expertos junto al ministro de Justicia Germán Garavano.
El despacho establece que la venta de entradas falsas tendrá una pena de 6 meses a 2 años, mientras que se dispone prisión de 2 a 8 años si el delito fuese cometido por un organizador, protagonista o integrante de un grupo.

El proyecto fija penas de 6 meses a 2 años de prisión -si no resultare un delito más severamente penado- al que tuviere en su poder objetos cortantes, instrumentos contundentes, artefactos químicos, de pirotecnia, inflamables, asfixiantes o tóxico; o cualquier otro elemento que pueda ser utilizado para intimidar, ejercer violencia o agredir.

Y de 2 a 6 años de prisión para el que introdujere armas de fuego o artefactos explosivos sin la debida autorización. Respecto a los cuidacoches, la iniciativa establece prisión de 1 a 6 meses si prestan servicio de cuidado de vehículos sin autorización.